Cofavic: "Salida de la CIDH es un fraude a la sociedad venezolana"

Publicado el Miércoles, 4/Sep/2013

Liliana Ortega, directora de la organización no gubernamental Cofavic y Jesús María Casal, abogado y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello analizaron junto al periodista César Miguel Rondón las implicaciones de la renuncia de Venezuela ante la Comisión Interemericana de Derechos Humanos (CIDH).

Liliana Ortega, directora de la organización no gubernamental Cofavic (Foto: Notitarde)

Ortega ratifica la importancia de que Venezuela pertenezca a este organismo internacional, dado que su independencia "da más oportunidad a los actores de expresarse".

Casal considera que renunciar a la protección de estas instituciones deriva en "una reducción de los mecanismos de defensa del ciudadano frente a los problemas de la cotidianidad". Adicionalmente, indica que si las autoridades están sujetas por organismos internacionales deben ser, necesariamente, respetuosas de los derechos.

"Ha sido una política de Estado sostenida, impedir que la observación internacional tenga las facultades de visitar Venezuela", denuncia Ortega, quien atribuye este hecho a la intención del gobierno de "hacer un sistema internacional a la medida".

"Por ello se busca debilitar a las instituciones", explica.

El abogado casal señala que "el gobierno está dando una señal grave al salirse de la CIDH", siendo esto un indicador de la "erosión de la institucionalidad" en el país. "El régimen no pudo soportar la existencia de controles a nivel internacional, entonces Venezuela se lanzó por la vía del incumplimiento", destacó.

"Es una pérdida de espacios muy importante para la sociedad venezolana. Cuando se menoscaban los derechos humanos todos somos afectados", afirma Ortega. "En Venezuela la verdad nos ha abandonado -lamenta- la defensora del pueblo ha revelado abiertamente que tiene una inclinación política".

Casal explica que "el argumento que da el gobierno frente a cualquier denuncia es que ha habido avances en temas económicos, culturales y sociales". Sin embargo, dice los derechos humanos deben entenderse de manera integral.

"El estado debe garantizar el derecho a la vida, cuando los tribunales no funcionan, cuando hay una negligencia frente a los crímenes, eso representa una violación a los derechos humanos", subraya Casal.

"Los derechos humanos no son dádivas que dan los estados", añade Ortega. "En Venezuela es importante el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún tribunal nacional ha dado una decisión sobre el Caracazo, solo la CIDH", recuerda.

Augura que: "al abandonar el sistema interamericano, todas las alarmas se van a encender y las miradas van a fijarse en Venezuela".

Vigencia

"Todos los casos que han sucedido hasta esta semana pueden ir a la CIDH. Todo lo que ocurrió bajo la vigencia de la convención puede ser denunciado", dijo Ortega tomando como ejemplo el caso del excomisario Iván Simonovis.

Por su parte, Casal indica que la nota de renuncia pudiese revocarse a través de una nota diplomática. "Si tuviera sensatez, hasta el 10 de septiembre el gobierno podría retirar la denuncia de salirse de la Corte Interamericana de DDHH", puntualizó.

Por El Diario de Caracas / Adriana Núñez M.

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