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Libertad de expresión en Venezuela: Datos de una crisis


Jue, 27/06/2019 - 00:28

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha documentado 2059 casos de agresiones a los trabajadores de la prensa desde el 2005, las cifras reflejan agresiones físicas, impedimentos para consultar a funcionarios, censura previa y campañas difamatorias contra periodistas a través de los medios del Estado

Por: Jackeline Díaz @jackelinedz

El periodismo en Venezuela, por definición, es develar información que otros poderes procuran ocultar, pero en el país se ha tornado especialmente arduo. El mayor obstáculo es la falta de medios de comunicación que no disponen de suficientes recursos ante un gobierno defensor del pensamiento único. La impunidad constituye un desestímulo para quienes ejercen la profesión, pero muchos periodistas asumen con entereza que esas son, ciertamente, las circunstancias sobre las que deben actuar. 

En el primer trimestre de este año, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela (SNTP) constató que se registraron 34 detenciones a periodistas, de las cuales 13 se produjeron en las adyacencias del Palacio de Miraflores, incluyendo los reporteros y productores de Univision que acompañaban al periodista mexicano Jorge Ramos y que fueron puestos en libertad poco después para ser deportados. Además, decenas de periodistas se han visto obligados a exiliarse en los últimos años.

El equipo de Ramos no ha sido el único de un medio extranjero en sufrir las arremetidas de las fuerzas de seguridad venezolanas. El pasado 30 de enero y tras la declaración de Juan Guaidó como presidente interino, tres periodistas de la agencia de noticias española Efe fueron detenidos junto a su conductor. Un día después fueron puestos en libertad. 

El país ejemplifica como ningún otro tema los riesgos que acompañan al periodismo. Se trata de un país sobre el que no se informa, en su lugar se deforma. Vulnerando el derecho de los ciudadanos a estar informados, los inducen a pensar de determinada manera mostrándoles una información parcial que no responde a las preguntas básicas del periodismo: qué, quiénes, dónde, cuándo y por qué. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró la señal de los canales CNN Internacional y BBC Mundo. Tanto CNN en Español como NTN24 de Colombia permanecen censurados. La misma situación enfrenta el portal web Infobae desde el 10 de octubre del año 2014.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela ha documentado 2059 casos de agresiones a los trabajadores de la prensa desde el 2005. Estos números incluyen, entre otros, agresiones físicas, impedimentos para consultar a funcionarios, censura previa y campañas difamatorias contra periodistas a través de los medios del Estado.

La intimidación es el riesgo con mayor recurrencia. El SNTP evidenció que en 22 estados del país y el Distrito Capital, que los victimarios más destacados son los cuerpos de seguridad del Estado y los funcionarios del gobierno. Los siguientes sujetos de intimidación más frecuentes consisten en actores del crimen organizado: colectivos armados y bandas regionales siendo la intimidación una política de Estado para el amedrentamiento de la labor periodística.

En la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Venezuela pasó a ocupar la casilla 143 y el país experimentó la mayor caída del continente, perdió seis lugares en comparación con la edición anterior de esta evaluación anual. Durante el año 2017, de acuerdo con este informe internacional, el gobierno de Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios hacia la prensa independiente, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. 

Los periodistas padecen cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de su equipo; también se hizo frecuente la expulsión de corresponsales extranjeros, una práctica no habitual en el pasado.

Reporteros Sin Fronteras, asimismo, constató que, durante 2017, en Venezuela, también aumentó la censura directa del Estado, ya que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas; por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición.

Otra arista, no menos preocupante, lo constituye el informe elaborado por el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sobre la libertad de expresión en Internet que llevó por título “Internet con la bota puesta”, también difundido en mayo del año 2018. 

La desaparición de medios impresos es un fenómeno que puede aumentar la desinformación de los ciudadanos y reducir la pluralidad de contenidos y la diversidad de voces necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión. La escasez informativa facilita la imposición de la voz oficial como versión única a la que tienen acceso los ciudadanos.

Las causas de la desaparición de los medios, de acuerdo con los estudios de IPYS, son los controles relacionados con la venta y distribución de papel, la hiperinflación, la contracción económica y el acceso a insumos como planchas y tintas. Hace cinco años circulaban por lo menos 90 medios impresos en 20 estados del país, hoy solo lo hacen alrededor de 20, lo que supone una disminución del 68% de los medios impresos.

“Es apenas un procedimiento de rutina”, fueron las palabras de un uniformado al periodista colombiano, Leonardo Muñoz, que darían inicio a la experiencia que los llevó a no tener contacto con el exterior, en otro país, durante 24 horas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.

El fotoperiodista de nacionalidad colombiana de la Agencia Efe, Leonardo Muñoz, desapareció junto al mototaxista venezolano José Salas, además de la comunicadora colombiana Mauren Barriga y el español Gonzalo Domínguez cuando ejercían su profesión en Caracas en medio de la crisis que vive Venezuela.

Muñoz fue apresado cuando tomaba fotos a unos graffitis en las adyacencias de un edificio gubernamental en el centro de Caracas. El medio de comunicación perdió el contacto con él y con el conductor que lo acompañaba, José Salas, de nacionalidad venezolana, quien también fue detenido.

“El personal de la Contraloría de la República me quitó todo tipo de documentación, yo estaba haciendo unas fotos de graffitis, pero uno en particular me indicó que estaba muy cerca de ese edificio, por lo que el personal de seguridad me hizo identificarme. Posteriormente, me detuvieron y me aislaron”, comentó el fotógrafo. 

Una hora tardaron los funcionarios del Servicio de Inteligencia (Sebin) en ubicar el sitio y llegar al lugar, mientras que la redacción que se dedicaba a intentar localizar a los dos compañeros desaparecidos. Los abogados recorrieron todos los puntos de detención de las diferentes entidades en Caracas sin ningún éxito.

Desconsolados por las dos ausencias, dos periodistas del medio acudieron al hotel en que se hospedan, ubicado casi frente a la sede de Efe en Caracas. En el sitio el lobby del hotel esperaban cinco miembros armados del Sebin.

“Lo están esperando estos funcionarios”, dijo con una mezcla de timidez y miedo el empleado de la recepción.

Pese a su intervención y la de los dos abogados de Efe, Barriga y Domínguez fueron trasladados por los funcionarios del Sebin, que en todo momento fueron extremadamente amables con el equipo periodístico, al Helicoide.

Tal vez la mayor sorpresa en ese momento fue que los uniformados habían accedido a las habitaciones -“siempre acompañados por alguien de seguridad”, dijeron- y tenían el pasaporte español de Domínguez en su poder.

Nada más al llegar, y a modo de ligero alivio, encontraron a Salas y Muñoz esposados y sentados en una oficina funcionarial. Inmediatamente, los dos periodistas llegados de Bogotá fueron esposados y sentados ante los funcionarios.

“Me llevaron al Helicoide y ahí me hicieron fotos de todo, incluso de mis tatuajes. Además, revisaron mi teléfono y cada uno de los papeles que tenía en mi billetera, inclusive respondieron algunos chats en mi nombre”, denunció.

A partir de ahí, y con un buen trato hacia todo el equipo periodístico, los cuatro periodistas extranjeros fueron interrogados durante horas bajo las innumerables postales de Simón Bolívar y de Hugo Chávez.

Muñoz asegura que los uniformados repetían las mismas preguntas una y otra vez: “¿Cómo te llamas?”, “¿Hace cuánto vives en Colombia?”, “¿Hace cuánto trabajas en Efe?”, “¿Por qué has venido a Venezuela?”, “¿Por qué no van a Brasil o a Argentina?”.

Muñoz, Barriga y Domínguez habían entrado al país declarando ser periodistas y habían sido autorizados a acceder al país para realizar su labor después de varias horas varados en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Entrevista con el Sebin mediante.

Sin embargo, eso parecía no ser suficiente para ellos, que volvían a preguntar mientras grababan esperando una respuesta que no involucrara esa explicación.

Tras horas de interrogatorios, fotos y vídeos, fueron llevados a un pasillo ciego donde descansaron los cuatro durante un tiempo que no fueron capaces de determinar porque era un espacio sin ventanas que no permitía identificar la luz del día. Preguntar la hora solía tener como respuesta una negativa. Pedir una llamada era imposible.

En cualquier caso, los miembros del Sebin seguían haciendo su trabajo y mientras uno de ellos, particularmente amable y locuaz hablaba de la actitud de las abuelas, uno de ellos se dirigió a Domínguez y le dijo: “La tuya acaba de cumplir 93 años, lo he visto en las fotos del teléfono”.

En horas de la noche, el equipo periodístico fue separado. Los dos colombianos y el español fueron trasladados al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ante la posibilidad de ser deportados y Sala, por sorpresa y sin aviso, quedó en El Helicoide.

“Este es un equipo y no te vamos a dejar atrás. Te vamos a estar llamando a ti y a tu mujer hasta que salgas”, fue lo último que le dijeron a Salas antes de que los separan.

“Pasen por aquí, viene alguien importante”, dijo antes de introducir al equipo en una sala de descanso en la que habían pasado reconocimiento médico. Identificar las voces fue imposible. Saber qué decían menos aún. Entendieron que se trataba de su liberación mientras que un funcionario de alto rango del Sebin se acercó a pedir disculpas por la detención arbitraria y recalcó el “buen trato, muy real”, que recibieron durante las horas de aislamiento

En días recientes, medios de comunicación internacionales denunciaron la detención y deportación de periodistas extranjeros en Venezuela, quienes vinieron al país para cubrir la enorme tensión social que se vive actualmente. Los hechos fueron interpretados como una violación a la ley, una clara manifestación de censura y un evidente atentado contra la libertad de información. En contraste, Jorge Arreaza, entre otros voceros del gobierno, ha sostenido que se trata de “una faceta de la operación mediática” contra Venezuela y “de un escándalo mediático”.

Silenciar con deportaciones 

El  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, en dos días fueron detenidos 11 trabajadores de medios de comunicación, 7 de ellos extranjeros. Entre estos, los periodistas franceses Baptiste Des Monstiers y Pierre Caillet fueron deportados. Poco antes de esta denuncia, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Arreaza responsabilizó de lo ocurrido a los medios y agencias de noticias internacionales señalando que:

1. El ingreso de algunos periodistas extranjeros fue irregular, pues no se cumplió con la solicitud previa de un permiso de trabajo en los Consulados de Venezuela.

2. Los periodistas “no pueden autoasignarse una acreditación”.

La periodista colombiana Maurén Barriga explicó luego de su detención que se sintió agredida y vulnerada desde el instante que fueron abordados por funcionarios armados del Sebin. Permanecieron detenidos durante 12 horas, fueron fotografiados y les tomaron huellas dactilares, además de ser interrogados por cinco funcionarios, sin permitirles estar asistidos de abogados. 

¿Qué dice la Ley?

Los extranjeros que deseen trabajar en Venezuela deben obtener una autorización del Estado. No obstante, el artículo 17 de la Ley de Extranjería y Migración establece con claridad una excepción expresa a ese requisito: “Los trabajadores de medios de comunicación de otros países debidamente acreditados para el ejercicio de las actividades informativas” no tienen que cumplir con esa obligación.

De manera que los extranjeros que viajen a Venezuela para informar no requieren una autorización laboral. Solo deben contar con la debida acreditación del evento que deseen cubrir. 

Ahora bien, para deportar a algún extranjero se debe abrir un procedimiento administrativo y debe realizarse una audiencia oral para que el extranjero se defienda de los hechos por los que se le quiere deportar, durante lo cual tiene derecho a estar asistido de un abogado.

Por otra parte, el artículo 46 de la Ley de Extranjería y Migración es muy enfático al prohibir rotundamente la privación, incluso la restricción de la libertad del extranjero que se quiere deportar. Frente a esto, el testimonio de la periodista colombiana luce como una evidencia una violación a su libertad.


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