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Operación Tierra Arrasada: el régimen desmanteló el liderazgo opositor venezolano


Jue, 04/07/2019 - 23:15

Desde el gobierno del presidente fallecido Hugo Chávez el ataque y las amenazas a quienes se oponen se ha convertido algo rutinario. Expertos afirman que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder el escenario de control social mediante la persecución incrementó notablemente

Gabriela Galíndez | @GabaGalindez

 

El asedio del chavismo por hacerse con el control total del escenarios polìtico continúa en constante aumento. Hace dos semanas el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a la asamblea nacional constituyente (ANC) el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados, muchos de ellos han huido del país como son los casos de Richard Blanco, quien salió del país hacia Colombia por las trochas, y Miguel Pizarro quien se mantuvo en la clandestinidad y apareció este 3 de julio en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

En los últimos 20 años se ha producido el recrudecimiento de las persecuciones por motivos políticos en Venezuela. El Poder Judicial, desde la llegada del fallecido presidente Hugo Chávez, ha sido clave para sostener la “revolución bolivariana” que ha dejado centenas de presos políticos, exiliados e inhabilitados.  Las cárceles venezolanas se llenaron de presos de conciencia, personas de confianza del gobierno fueron traicionadas y entregadas a la “justicia” y otros tantos escaparon para evitar estar tras las rejas. 

 

Victor Maldonado, analista político y profesor universitario, señaló que las persecuciones políticas son un patrón típico en el ejercicio totalitario del poder para así garantizar la permanencia de un régimen. 

 

“La persecución se acompaña del manejo de todos los poderes públicos como centinelas del totalitarismo para aplastar la opinión pública y montar procesos estalinistas donde se viola cualquier garantía. Actualmente es imposible mantener el secreto, por eso la pérdida de legitimidad y el repudio internacional”, dijo. 

 

No es la primera vez en un país que se ven medidas represivas contra quienes piensan diferentes a sus gobernantes. Maldonado señaló que se puede identificar un sólido patrón de cómo el totalitarismo y los comunistas controlan la disidencia e intentan exterminar cualquier alternativa  a su manejo del poder.

 

“Venezuela utiliza la misma estrategia de control social que Cuba. Usa la violencia indiscriminada contra aquellos sectores o grupos sociales y políticos que identifican como enemigos peligrosos”, explicó el analista.

La organización Centro de Justicia y Paz elaboró un informe en el año 2015 en el que señaló que la gestión de Maduro se ha caracterizado por una crisis política marcada por la ausencia de poderes públicos imparciales, corrupción y una aguda polarización política. 

 

“Frente a la clara manifestación de inconformidad y crítica de los movimientos liderados por dirigentes opositores, ha surgido la reacción inmediata por parte del gobierno a través de una consistente y progresiva persecución en contra de la disidencia política venezolana, incluso de aquella disidencia que surge desde las propias filas del chavismo”, se lee en el documento. 

 


Artículo 23 de la Constitución de la República: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.


 

Maldonado considera que desde la llegada de Maduro al poder se registró un recrudecimiento de la crueldad y una generalización de la violencia. “Este incremento tiene que ver con la casi inexistente legitimidad de Maduro y su falta de carisma. Además, la coalición que lo mantiene en el poder tiene menos apego al derecho”, comenta.

 

 

PJ y VP: ¿La tendencia de Maduro?

Desde el año 2014 con la detención de Leopoldo López aumentó la persecución contra los dirigentes opositores y de su partido, Voluntad Popular (VP). La lista de políticos exiliados o en la clandestinidad se fue incrementando tras el hostigamiento y la persecución.

El coordinador general de Voluntad Popular, Leopoldo López, se entregó a las fuerzas de seguridad luego de emitirse una orden de arresto por los hechos de violencia durante la protesta del 12 de febrero de 2014 | Foto: Reuters

 

En el año 2015 cuando se realizaron las elecciones parlamentarias se registró un aumento en las amenazas, en ese entonces hacia los dirigentes miembros de Primero Justicia. ¿Se puede considerar una tendencia por parte del régimen de Maduro los ataques a estos partidos?.

El analista Víctor Maldonado considera que no es una tendencia los ataques a dirigentes de PJ  y VP debido a que el régimen es arbitrario en la administración de la represión. “Lo que sí es cierto es que no hay Estado de derecho ni respeto por las garantías procesales, ni para los políticos ni para el resto de los ciudadanos”, enfatizó.

 

Ángel Medida, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que existe la utilización de la violencia para conseguir la permanencia en el poder debido a que al régimen se le han debilitado los factores de control social.

 

El parlamentario Richard Blanco permaneció refugiado en la Embajada de Argentina el 10 de mayo,  luego de que ordenaran el allanamiento a su inmunidad parlamentaria. Huyó del país hacia Colombia, donde permanece asilado | Foto: Twitter Richard Blanco

 

“Al gobierno se le acabó el dinero, las relaciones internacionales, el prestigio, la confianza y las capacidades, por ello solo le queda el garrote: salir a golpear y atacar. Esto no es cosa solo de los partidos políticos, sino de todo la sociedad”, explicó.  

 

Este mecanismo contra los líderes de oposición tuvo un incremento durante y después de las protestas del año 2017, que iniciaron luego de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra las competencias de la Asamblea Nacional. La persecución a los principales voceros de las manifestaciones produjo exilios forzosos, escapes a la clandestinidad  y agresiones directas a los parlamentarios.

 

Desde la aparición de la asamblea nacional constituyente (ANC) las inhabilitaciones y las detenciones crecieron de manera paulatina. Para la oposición venezolana la ANC carece de legitimidad debido a que el proceso electoral fue considerado fraudulento.

 

La Comisión de Justicia y Paz de la AN publicó un informe el 30 de mayo con todos los casos del actual periodo legislativo, en el que se muestra un recuento de los casos de violación de los derechos humanos a los diputados que han sido denunciados ante el Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios. Los casos están relacionados con actos de violencia, amenazas, detenciones, incumplimiento en las garantías procesales, violación a la libertad de opinión, suspensión al mandato parlamentario, entre otras.

 

Maldonado afirmó que todos los casos de violaciones de derechos humanos y los derechos de los parlamentarios relacionados con la constituyente de Maduro deben ser denunciados, debido a que las mismas han sido obvias.

 

“La ANC es una iniciativa espuria que no tiene reconocimiento o capacidad para hacer justicia. Es simplemente una versión del totalitarismo institucional del que se sirve el régimen para gobernar de facto pero con un falso barniz democrático”, puntualizó el también profesor universitario.

 

Para el parlamentario Medina la constituyente no existe y la calificó como un “parapeto que montaron para borrar la Constitución”. “El mundo ve a la ANC como una instancia que ellos inventaron para darle legalidad, según ellos, a su sistema”, dijo. 

 

Medina aseguró que la medida más eficiente para frenar el sistema represivo del régimen es lograr unas elecciones libres que saquen a Maduro del poder. “Necesitamos una salida política que permita construir soluciones y frenar que padecemos”.

 

 

Ambos expertos coinciden en que los mecanismos para callar a quienes se oponen son eficientes debido a que trabajan por completo con capacidad represiva, pero están muy monitoreados por la comunidad internacional.

 

 

ANC el fundamento “legal”

Instigación, traición a la patria, asociación para delinquir y porte de armas y explosivos son parte de los delitos que le imputan a quienes se oponen a Nicolás Maduro. Ser disidente del régimen te pone en riesgo, sin embargo, durante la actual gestión se produjo un incremento en la persecución política mediante el funcionamiento de la ANC.

 

El acoso, las amenazas, las torturas, allanamientos a las viviendas, la violación a la libertad de asociación, allanamiento de la inmunidad parlamentaria, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas son algunos de los casos de violación a los derechos humanos que realiza el Estado.

 

“Las actuaciones del régimen son violaciones sistemáticas que han realizado en contra de los parlamentarios y también de los medios de comunicación y población civil que no es afecto a las políticas del régimen”, señaló José Oropeza, abogado experto en materia de justicia transicional y derechos humanos.

 

Explicó que no existe fundamento legal para realizar este tipo de acciones. En el caso del allanamiento de la inmunidad de los parlamentarios, indicó que carecen de legalidad debido a que fueron solicitadas por la ANC, ente que considera desde su inicio como ilegítimo y que todo lo que encomiendan es nulo. 

 

“Todos los días el régimen trata de elevar el nivel de violación en la nación a través de sus grupos armados para generar terrorismo psicológico, mayor conmoción y miedo para tener controlada a la población. Una población que cada día está más vulnerable  y se le violan sus derechos humanos, el régimen tiene la convicción de que si no genera el control social el pueblo querrá salir de ellos”, enfatizó el jurista. 

 

Oropeza considera que ante el incremento de la persecución política podrían presentarse más casos como los el concejal fallecido Fernando Albán, como el de Edgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento, a quien mantienen incomunicado. 

 

El abogado indicó que actualmente en el país no existe independencia de poderes, de esa forma utilizan a los fiscales para generar las acusaciones y a los jueces para que acepten esas acusaciones y así someter injustamente a todas aquellas personas que sean disidentes. 

 

Del 19 al 21 de junio Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó el país para constatar la crisis humanitaria y política que atraviesa la nación. Durante su estadía se reunió con familiares de presos políticos. Dirigentes de oposición aseguraron que durante esos días Nicolás Maduro disminuiría la represión contra sus disidentes. En tal sentido, Oropeza afirmó que con la mirada de Bachelet fuera de Venezuela los procesos de violencia van a arreciar y se verán los cuerpos de seguridad dando su violencia acostumbra. 

 

“Este régimen intenta tapar el sol con un dedo, paraliza los ataques para hacer ver una transparencia de que en Venezuela no sucede nada, pero ya es tan evidente que los medios de comunicación han visibilizado las violaciones sistemáticas”, dijo. 

 

Para los tres expertos Maduro aumentará los ataques de violencia contra todas aquellas personas que difieran de sus ideales y mantendrá la persecución como el principal mecanismo para seguir en el poder. El liderazgo en Venezuela está sufriendo las consecuencias de los rendimientos decrecientes de una política consagrada en la fuerza pura. Los casos de violaciones a los derechos humanos no solo están dirigidos a los políticos, sino también a los ciudadanos, quienes día a día padecen la crisis humanitaria que atraviesa la nación.

 


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