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Venezuela es testigo de nuevos casos de tortura mientras espera una respuesta de la CPI


Lun, 01/07/2019 - 12:21

La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo se suma los cientos de casos de tortura denunciados y registrados por instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales entre 2013 y 2019. Estas nuevas presuntas violaciones de derechos humanos transcurren durante el examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad en el país, del que todavía se esperan respuestas.

 

 

 

Por Javier Cedeño | Daniela León 


Mientras la Corte Penal Internacional (CPI) estudia la posibilidad de abrir un proceso contra los responsables de las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela, las denuncias de torturas y muertes de ciudadanos en custodia de organismos del Estado siguen en aumento. 

Human Rights Watch y Foro Penal recopilaron 88 casos que afectaron al menos a 314 personas que presuntamente fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre del año 2017. Desde 2013 hasta 2018, Provea registró 488 denuncias de torturas, mientras que el Instituto Casla, durante el mismo periodo, documentó más de 576 casos


De los casos recogidos por Provea, 100 corresponden al año 2018, época en la que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según confirman las denuncias y pruebas de la ONG, se consolidó como el órgano más torturador.


A estas cifras se le suma la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años de edad. Tan solo ocho días estuvo este miembro de la Fuerza Armada Nacional bajo custodia de la Dgcim, antes de fallecer en el Hospital Militar Vicente Salias, a escasos metros del Fuerte Tiuna. La hora y fecha oficial de su muerte fue la 1:00 am del 29 de junio de 2019. 


El día anterior, Acosta Arévalo llegó al Tribunal Militar III de Control en Fuerte Tiuna “en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura", así lo detalló en varios tuits Tamara Suju, directora del Instituto Casla y delegada de la World Jurist Association ante la CPI.


 

 

 

 


De acuerdo con Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, la audiencia habría sido interrumpida por el juez militar Maikel Amezquita Pio, que al ver a Acosta Arévalo en esas condiciones solicitó su traslado a un centro asistencial de inmediato. Sin embargo, la solicitud del juez no fue suficiente para salvarle la vida al detenido, acusado de traición y de conspiración para rebelión, cargos que él rechazaba. 

 


 
Las denuncias alrededor de la muerte de Acosta son similares a las del caso del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 8 de octubre de 2018, solo tres días después de ser detenido. Tanto el concejal como el capitán de corbeta habían sido acusados por estar detrás de presuntos intentos de magnicidio.

Con respecto a la muerte de Albán en la sede del Sebin en Plaza Venezuela surgieron varias versiones: funcionarios del gobierno, entre ellos el fiscal general Tareck William Saab, inmediatamente alegaron que el político acabó con su vida luego de pedir ir al baño y lanzarse desde la ventana del piso diez del edificio. Sin embargo, Joel García, abogado de Albán, dijo que le causaba suspicacia que se hablara de forma prematura de un suicidio si ninguna de esas autoridades estuvo presente en el hecho y tampoco se había iniciado la investigación.

 

 


Familiares, compañeros de partido de Albán e incluso la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, sostienen que el político fue víctima de torturas que culminaron en una ejecución extrajudicial.

 

En el reporte de Provea también están reflejadas otras tres muertes en circunstancias similares durante el año 2018: la de Pablo Ángel Sivira (31), el 22 de abril en Vargas; la de  Yoel Núñez (38), en Delta Amacuro el 30 de octubre, y la de José Alberto Acosta (27), el 14 de diciembre en el estado Zulia.

 

Tras la muerte de Acosta Arévalo diversas entidades del Estado reaccionaron con comunicaciones oficiales y algunas de ellas presentan contradicciones sobre el estatus judicial del capitán al momento de su fallecimiento. 

En primer lugar, el Ministerio Público alegó que el militar estaba siendo presentado ante tribunales por su presunta implicación en “el intento de magnicidio y golpe de Estado del 23 de junio del presente año”, asimismo, aseguró que garantizará “una investigación objetiva, independiente e imparcial, sobre los hechos. 

 

 Por su parte, un comunicado emitido por el gobierno de Nicolás Maduro y publicado por Jorge Rodríguez indica que Acosta Arévalo ya había sido imputado por “graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

 

Por último, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) utilizó el mismo método para “lamentar la partida del capitán”. En su comunicado el organismo detalló que el militar se desmayó “antes de iniciar su respectiva audiencia de presentación”, lo que confirma que todavía no había sido imputado.   


Los organismos del Estado siempre utilizan el mismo patrón de acción en los casos graves de violación de derechos humanos. Se emiten comunicados de distintos órganos siempre bajo el lineamiento del “comandante en jefe de la FANB” Nicolás Maduro con la finalidad de buscar los supuestos responsables directos de los hechos.


Aunque los altos funcionarios traten siempre de desvincularse de los sucesos, los
Artículos 27 y 28 del Estatuto de Roma establecen la responsabilidad de mando de los jefes, superiores y de quienes actúan en un cargo oficial. Otro aspecto importante en el que se destaca en el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional es el de prevención de nuevos crímenes de lesa humanidad. 


El caso de Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero del año 2018 en la CPI sobre los hechos ocurridos en 2017. En diciembre de 2018 la Fiscalía de este organismo internacional incluyó en su análisis las presuntas violaciones de derechos humanos ocurridos desde febrero de 2014, tomando en cuenta como documentación justificativa el informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, aseguró en su informe anual sobre exámenes preliminares (diciembre 2018) que formulará conclusiones "en un período de tiempo razonable" sobre el caso de Venezuela, sin embargo, hay procesos que permanecen en esta fase durante varios años sin que se produzcan acciones concretas para sancionar o prevenir las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto Venezuela es testigo de más denuncias sobre crímenes de lesa humanidad.

 


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