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¿El régimen de Venezuela aplica la pena de muerte a quienes estén en su contra?


Lun, 01/07/2019 - 14:42

El capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, al igual que Fernando Albán, murió bajo la custodia de autoridades del Estado.

 

Por José Ferrer y Joy Uricare | @Jmigueferrer y @Joyuricare

 

 

El 22 de junio Waleska Pérez, esposa del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalos expuso, mediante un video en las redes sociales, la desaparición de su esposo el día anterior. La esposa del capitán exclama en el audiovisual: “Perdí todo contacto con él y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad”.

 

Después de ser secuestrado el 21 de junio y torturado durante siete días en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalos fue presentado el viernes 28 de junio en las inmediaciones del Tribunal Militar Tercero de Control de Fuerte Tiuna. La última imagen del capitán fue en una silla de ruedas debido a la dificultad que tenía para mantenerse de pie, con el habla entrecortada por el dolor de los moretazos, las uñas con residuos de sangre y las exclamaciones de “auxilio” hacia su abogado, según las declaraciones por de la Directora Ejecutiva del CASLA Institute, Tamara Suju.

 


El activista para los Derechos Humanos Alonso Medina Roa, en una exclusiva para The Associated Press, expuso la información brindada por unos de los testigos del juzgado que no quiso revelar su nombre para proteger su identidad.

“Ha habido mucho hermetismo”, afirmó Medina Roa al reconocer que la última evidencia que se tiene de la condición del militar fue cuando fue llevado al tribunal “muy golpeado”, con “muy poca capacidad motor”, y dificultades para hablar.
El abogado descartó que Acosta Arévalo presentara alguna dolencia previa a su detención que pudiese haber sido la causa de la muerte, y recordó que el acta policial del arresto indicó que el oficial “sale corriendo” al ser interceptado por las fuerzas de seguridad poco antes de ser capturado a las afueras de la capital.

Debido al estado en que se encontraba Acosta Arévalos, la jueza del caso ordenó trasladarlo al centro asistencial más cercano, llamado El Hospitalito, lugar donde murió a la 1:00 am. Aparentemente, siete días en los calabozos del Dgcim fueron suficientes para acabar con la vida del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalos.

 

 

En el transcurso de esa semana el régimen de Nicolás Maduro comenzó a construir las razones por las que había sido detenido Acosta Arévalos. El día miércoles los voceros de Maduro, a través de un comunicado, expusieron que habian desactivado un intento de golpe de Estado programado para el 23 y 24 de junio, que incluía el asesinato de los principales participantes de la cúpula del gobierno de Maduro.


Uno de los implicados, según el régimen, era el Capitán de Corbeta, quien estaba siendo investigado por “graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración".

 

 

“Jamás me imaginé que iban a llegar a esto, asesinarlo porque no está de acuerdo con el régimen”, exclamó la esposa de Acosta Arévalos a NTN24.

 

Por otro lado, José Hernández, nombrado por el presidente encargado Juan Guaidó como procurador especial de la República, expuso en su cuenta de Twitter: “Es imposible que la muerte del capitán Acosta Arévalo sea investigada de acuerdo con el Protocolo de Minnesota: en Venezuela no hay autoridades independientes dentro del sistema de justicia. Solo la justicia internacional puede actuar en estas condiciones”.

 

El Protocolo de Minnesota o Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, escrito en el año 2016, es un proceso recomendado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) para la realización de las investigaciones sobre crímenes de Lesa Humanidad, donde se hayan realizados ejecuciones ilegales.

 

Una de las situaciones donde dicho proceso, según el informe realizado para explicar el Protocolo de Minnesota, debe ser utilizado es cuando “la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes”. En el informe se aclara que “es una obligación general del Estado investigar toda muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, aún cuando no se denuncie o se sospeche que el Estado fue el causante de la muerte o se abstuvo ilícitamente de prevenirla”.

 

 

Según el periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, Javier Mayorca, el régimen presenta una táctica especial para reducir el hecho del asesinato del Capitán de Corbeta Acosta Arévalos. Esta táctica, según Mayorca, se basa en:1) Generar confusión en torno a la secuencia real de los hechos; 2) Reducirlo a un caso, no admitir la existencia de un patrón de conducta oficial: 3) ofrecer cabezas de turco (dos detenidos); 4) Impedir activación de comisión independiente, según lo establecido en el Protocolo de Minnesota; 5) Desligar a Acosta de la FAN (comunicado lo trata de ciudadano, no oficial activo); 6) Culpabilizarlo por complot contra Maduro”.

 


Pronunciamientos

 

Ante esta muerte, calificada por abogados como asesinato, han sido muchos los pronunciamientos tanto nacionales como internacionales. Principalmente exigen que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, ordene que sus representantes visiten los centros de detención. 

 

Uno de los primeros en expresar su rechazo ante esta situación fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien indicó que "condena el criminal asesinato y detención por parte de la dictadura", además, aseguró que "los crímenes" de Maduro no quedarán impunes.

 

 

 

 

El gobierno interino de Juan Guaidó publicó un comunicado pronunciandose sobre "el asesinato" del Capitán de Corbeta. En el comunicado se especifican varios casos en los cuales la tortura y la muerte han sido las estrategias de represión utilizadas por el régimen de Maduro: “El suicidio de Rodolfo González “el aviador” a causa de las torturas sufridas por el régimen, y Fernando Albán, asesinado tras ser lanzado desde un piso 10 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), fueron hechos que permitieron mostrarle a la comunidad internacional la forma en que Nicolás Maduro elimina a su disidencia”.

 

 

 


Por su parte, el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, le exigió al juez que vio en silla de ruedas al capitán Acosta Arévalo que le dé la cara al país y lo acusó de ser cómplice del alto mando militar, al que calificó como criminal.


Fernando Albán, concejal por el Municipio Libertador de Caracas, murió el 8 de octubre "al precipitarse" del décimo piso del edificio del Sebin en Plaza Venezuela. Según Tarek William Saab, el hecho fue un “suicidio”. Pero las razones y los sucesos de la muerte aún no se han aclarado. De igual forma, los organismos del Estado son los responsables de la muerte de Albán, como del asesinato de Acosta Arévalos, porque ambos casos ocurrieron en instalaciones reguladas por el régimen de Nicolás Maduro.




El asesinato de Acosta Arévalos es una muerte que se cierne sobre los hombros de la cúpula de Maduro. La bota del régimen ha asesinado y torturado a cientos de venezolanos, los ha encerrado en mazmorras, los ha electrocutado hasta dejarlos postrados en una silla de ruedas, con el dolor latente de sus uñas ensangrentadas y el cuerpo amortajado. Cada uno de estos asesinatos manchan el caminar del gobierno de Maduro que sigue, sin respetar la vida de los venezolanos, pisando hasta asesinar a cada uno de sus disidentes.


Por si no lo viste