En un país bicéfalo...


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Miércoles, 10/04/2019 - 08:22

El venezolano común, ese a quien denominan "de a pie", está “más confundido que loro anidado y empollado por guacamaya”.

Hoy se encuentra en una situación obviamente inédita ante el mundo, al tener que vivir respondiendo a las disposiciones jurídicas y políticas que determinan 5 poderes públicos del Gobierno de Venezuela, lo cual no sería nada anormal teniéndose presente que eso está contemplado en la vigente Constitución Nacional de la República.

Sin embargo, lo contradictorio es que eso suceda cuando 4 de tales poderes, responden a lo que determinan las acciones rectoras de ¿dos gobiernos?. Mejor dicho, por decisiones en atención a una partida doble a la que se le identifica, en obediencia a que cada uno califica al otro de usurpador. Pero, además, sin olvidar que, para justificar procedimientos supuestamente “legítimos”, la disputa complementaria se da cuando cada uno argumenta que su actuación lo hace apegada al cumplimiento de lo que le dicta la siempre vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Como consecuencia, el país tiene actualmente: dos Presidentes de la Republica, dos Asambleas Nacionales, una legislativa y una constituyente. Igualmente, hay dos Fiscales Generales de la República, uno dentro del país reconocido por el Poder Ejecutivo, y la otra en el exterior reconocida a nivel internacional. Y para completar el insólito cuadro, operan simultáneamente dos Tribunales Supremos de Justicia; uno que actúa dentro del país y otro que lo hace fuera del mismo, identificado con la denominación de que opera en una sede accidental.

Apelándose a los detalles de lo que significa semejante complicación general, todo se da de la siguiente manera:

A- El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ocupa físicamente las instalaciones presidenciales del Palacio de Miraflores. El fue ratificado en el cargo durante un proceso electoral anticipado a la fecha de culminación de su mandato, y eso se convirtió en un evento que fue calificado en su momento de “fraudulento” tanto por la oposición venezolana, como por una serie de naciones. Culmina su mandato en enero del año en curso, es desconocido por los opositores, pero, además, por países democráticos. En resumen, es acusado, destituido declarado ilegítimo y usurpador el 15 de enero del año 2019 por la Asamblea Nacional y por más de 60 países a nivel internacional. Igualmente, por sentencia fechada el 4 de mayo del 2018, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia con sede accidental en el exterior. Pero, además, se le suspende del cargo, todo lo cual, sin embargo, es desestimado por Nicolás Maduro Moros, quien decide mantenerse en el cargo, a la vez que indica que el acto es un intento de “golpe de Estado”, a la vez que apela a su autoridad constitucional de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para permanecer allí, argumentando que su elección fue un acto “legítimo”.

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B- Por su parte, el 23 de enero de 2019 el parlamentario que se juramentara el 5 de ese mismo mes como Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en Cabildo Abierto, es decir, ante el pueblo y en un acto público, apelando a lo que está establecido en la vigente Constitución venezolana, alzó la mano y juró asumir la presidencia interina de la Nación, hasta tanto se produjera un evento electoral en el que el Soberano decidiera a favor de quien pasaría a ser el legítimo nuevo Jefe de Estado. Guaidó es oficialmente reconocido como Presidente de Venezuela por más de 60 países democráticos, como por una gran mayoría del pueblo venezolano que, según las encuestas de las más reconocidas firmas nacionales, superaba el 80%.

A- Jurídicamente, lo que sucedió se describe así: la Asamblea Nacional de la Republica, de acuerdo con la Constitución Nacional, inicia su mandato el 5 de enero del 2018 con la sesión de instalación para el periodo anual 2018-2019. Y apenas seis (6) meses después, el Tribunal Supremo de Justicia que opera a nivel nacional, lo declara en desacato por intermedio de su Sala Constitucional, con base en el Decreto Número 545, el día 20 de julio del 2017. En consecuencia, y según dicho Decreto, todos sus actos son nulos.

B- En cuanto a la Asamblea Nacional Constituyente, igualmente, fue declarada ilegítima tanto por la Asamblea Nacional, como por el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República, ambos con sede accidental en el exterior. Asimismo, por la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos internacionales, al igual que más de 60 países en forma individual. Todos basados -e interpretando lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que únicamente el Soberano puede convocar a la celebración de una Constituyente, por votación universal, y que el Presidente de la República en ejercicio no tiene dicha facultad.

A y B- Tanto el Tribunal Supremo de Justicia a nivel nacional como el TSJ con sede accidental en el exterior, se declaran ambos ilegítimos entre sí. De la misma manera, las dos Asambleas los declaran ilegítimos, respectivamente. La Constituyente al TSJ con sede accidental en el exterior, y la Asamblea Nacional al TSJ que funciona dentro del territorio nacional.

Ay B- En cuanto a la Fiscalía General de la Republica, igualmente, hay dos: una con sede nacional y la otra que opera en el exterior. Ambas insisten en mutuas acusaciones acerca de su ilegalidad. Se encuentran en la misma situación de los dos Tribunales Supremos en cuanto a las respectivas situaciones de ilegitimidad, así como a las respectivas descalificaciones nacionales como internacionales.

Esta compleja y contradictoria situación, desde luego, ha producido un permanente contrapunteo a nivel nacional e internacional, que mantiene un estado de confusión ciudadana en cuanto a la legitimidad o no de los cuatro principales poderes de la República. Y todo ello deja entrever que, al final, lo que existe es una total ingobernabilidad, en sumatoria a la precaria situación socioeconómica que viven los ciudadanos en el país. Además de que propicia la fuga o diáspora constante, invadiendo y complicándole su proceso gubernamental y administrativo eficiente a los países vecinos.

Ante esta difícil situación de anarquía y desorden gubernamental, y en vista de que los venezolanos durante 20 años se han mantenido en una lucha campal disfrazada y calificada de ideológica, para el venezolano “de a pie”, dentro de su vivencial situación existencial, su conclusión describe un panorama duro, trágico e indignante. Y es la de que nada de lo que vive, profundiza en que, en realidad, lo que se ha gestado ha sido una batalla inclemente por poder y dinero. Pero, además, que su alcance se aprecia en que se ha producido un aprovechamiento voraz de las arcas nacionales, de donde se robaron cientos de miles de millones de dólares, logrando trastornar el sistema financiero y político nacional e internacional.

La gravedad de lo sucedido, es lo que hoy coloca al país en rol de país perturbador a nivel continental, a la vez que amenaza de peligro el tablero político pertinente a las principales potencias internacionales, quienes contemplan, entre varias opciones, hasta dónde se justifica o no una posible intervención armada. Hecho que nadie desea en el país, porque no beneficiaría en nada a los venezolanos.

No es exagerado decirlo, a partir de la enumeración y evaluación de las posibles causas que justifican el hecho. Pero el fantasma de una confrontación interna está rondando en los predios venezolanos, tanto por la posibilidad de una explosión social, como por la posible intervención armada internacional. Quienes hablan de paz y apelan al amor y a la hermandad para afirmar que también se suman a la aspiración de que se produzcan soluciones racionales, definitivamente, no pueden continuar insistiendo en que su discurso es noble y responsable. Porque mienten.

Calma y cordura, es la frase del día. Los poderes o bandos en conflicto no han logrado -¿o querido?- ponerse de acuerdo. Los Gobiernos deben ser electos e impuestos por el Soberano en elecciones libres. Es evidente, el mayoritario y contundente rechazo del Soberano al actual régimen y a la triste y precaria situación que se vive en el país, obliga a la búsqueda, diseño y construcción del entendimiento.

La prolongación de la actual situación, no es ni será beneficiosa para nadie. Pero lo innegable, además, es que las consecuencias serán cada vez peores para los usurpadores, indistintamente del grupo al que pertenezcan.

Sentir, amarlo y desear vivir en un país que necesite del colapso de sus servicios públicos para que se justifique una confrontación bélica, no puede ser aupado y convertido en campo de justificación de diferencias. Más vale llamar a la reflexión y dar pasos en favor de la voluntad encaminada hacia el camino unitario del glorioso “bravo pueblo". Hacerle el juego a quienes suman discursos, empecinamientos y esfuerzos en favor del agudizamiento de las diferencias, es colocar a Venezuela en una plantilla distributiva de sus oportunidades y de destrucción de su futuro.
Egildo Luján Nava


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