Yo SÍ voto (¡Pero así NO!)


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Jue, 01/03/2018 - 19:51

En Venezuela tenemos vocación democrática. Nos la inculcó la democracia mientras existía. Cerca del 70% de los venezolanos está dispuesto a votar. Me cuento entre ellos. Ahora bien, una cosa es votar y otra hacerle el juego a una dictadura que se aferra a las enseñanzas de un comunista llamado Jósif Vissariónovich Jughashvili: “No importa quién vota sino quién cuenta los votos”.

Quien así pontificaba adoptó el nombre de Stalin. Tan cínica frase la pronunció con motivo de las elecciones del Secretario General del Partido Comunista en 1934. Fue uno de los mayores asesinos de la historia, responsable de la muerte de más de 20 millones de personas, incluyendo a su propio hijo.

La Carta Democrática Interamericana señala: “Los pueblos… tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

La vigencia de la democracia requiere que un gobierno cumpla con dos requisitos esenciales: legitimidad de desempeño y legitimidad de origen. La primera de tales condiciones se cumple cuando se gobierna respetando la Constitución y las leyes, la separación e independencia de los Poderes, los tratados internacionales y las obligaciones asumidas por el Estado, la propiedad privada, la libertad de expresión y libertades ciudadanas y los derechos humanos. Es evidente que la legitimidad de desempeño no prevalece en este régimen.

La Carta Democrática Interamericana también se refiere a la legitimidad de origen, señalando como condición indispensable: “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas”.

Pues bien, al llamar a unas elecciones anticipadas para el 22 de abril, el régimen perdería también la legitimidad de origen. La convocatoria a presidenciales conforme a nuestra legislación tendría que realizase con seis meses de antelación. Tal consulta no puede ser ni justa ni libre mientras los principales líderes de la oposición estén presos, inhabilitados, asilados o exiliados. Tampoco se respeta el régimen plural de partidos y organización políticas cuando se impide se inhabilita a organizaciones y partidos como la MUD, Voluntad Popular o Primero Justicia. No pueden ser tales elecciones expresión de soberanía popular cuando quien las convoca es una Asamblea Constituyente electa sin consultar al soberano -el pueblo- violando disposiciones constitucionales. Para colmo, la referida Constituyente fue el resultado de unos comicios en los cuales Smarmatic, empresa responsable del diseño y manejo de la plataforma tecnológica, denuncia que la votación se infló en “un millón de votos”.

Además en abril del 2016 se había activado la solicitud para un referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Tibisay Lucena presentó un cronograma conforme al cual se requeriría un año para su realización. Pero ahora anuncia unas presidenciales en 2 meses y medio. En el caso del Revocatorio mencionado, al saberse perdidos, el CNE y algunos tribunales suspendieron el proceso.

Todo ello profundiza el aislamiento internacional. De hecho la OEA acaba de aprobar, con el voto de 19 de sus miembros, una resolución que exhorta a Venezuela a postergar el evento del 22 de abril y la realización de elecciones “con todas las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente, legítimo y creíble”. Tan relevante como los 19 votos a favor fueron las abstenciones de viejos aliados incondicionales del régimen como Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Haití y Saint Kitts.

La respuesta de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello fue proponer unas megaelecciones que incluyesen también a la Asamblea Nacional. Eso sólo tendría un nombre: golpe de estado.

Eso conduciría, sin duda alguna, a la profundización de las sanciones internacionales que podrían incluir sanciones petroleras y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pasaría a ser considerado como un régimen de facto, reactivando la doctrina Betancourt.

Es posible que esas sanciones obliguen al régimen a negociar. Cualquier negociación pasa por un CNE confiable, la liberación de los presos políticos, la habilitación de líderes y partidos y la presencia de observadores internacionales en todas las etapas del proceso electoral.

El régimen se está jugando a Rosalinda. Dudo que el dado en la noche linda le devuelva sus corotos. @josetorohardy
José Toro Hardy


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